LOS IMPAGOS DE LA DGA ABOCAN AL CIERRE A ENTIDADES DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS EN ARAGÓN

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Las entidades que configuran el Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI) ya no pueden más.  Ayer alzaron la voz, de forma conjunta, para decir basta y reclamar al Gobierno de Aragón que les abone "ya mismo" los impagos de más de 2 millones de euros --la mitad en concepto de facturas-- que el Ejecutivo les debe desde principios del 2013 y que podría abocar en el cierre de alguna de las seis entidades de disminuidos psíquicos que configuran el colectivo.

"La situación es preocupante y peligra la supervivencia de las organizaciones", advirtió José María López, presidente de la Asociación de Disminuidos Psíquicos Las Fuentes (Adislaf). Este colectivo, junto a Atades Huesca, Adisciv (Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas), Fundación Aspace Zaragoza, Aspace Huesca y Atades Zaragoza, configura el observatorio. En total, 3.000 discapacitados intelectuales forman parte de estas asociaciones.

El retraso en los pagos ha llevado a que estos colectivos tengan que asumir la concertación de plazas en residencias para disminuidos psíquicos que, según el convenio marco establecido en la Ley de Servicios Sociales de Aragón aprobada en el 2010, deberían correr a cargo del Gobierno de Aragón.

Sin embargo no ha sido así y los fondos y recursos de las entidades han llegado a su límite. "Ya no hay margen; no podemos aguantar más. Este mes hay algunas que no han podido pagar las nóminas y también se dan casos de deber a tiendas algunas cantidades", añadió López.

Estas entidades, que piden créditos a los bancos para seguir "sobreviviendo", han mantenido en las últimas semanas varias reuniones con la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, así como con el secretario técnico de la consejería, José Antonio Jiménez, para trasladarles su reivindicación. Pero las negociaciones no han llegado a un acuerdo concreto. "Queremos un documento donde se reconozca ese compromiso de pago y la fecha de cuándo se procederá a ello", apuntó López.

CENTROS DE EMPLEO Respecto a los centros especiales de empleo, donde trabajan más de 1.000 personas discapacitadas, la deuda es de un millón de euros (desde octubre del 2015 hasta la actualidad). En este caso, las entidades reclaman al Departamento de Economía "presión" al Gobierno de España para que abone el 50% de la financiación correspondiente al mantenimiento de puestos de trabajo que se adeuda desde el 2015.

En este sentido, el Ejecutivo, a través de su empresa pública Sodiar, está ultimando una línea de crédito en condiciones favorables para intentar mitigar la difícil situación que atraviesan los centros especiales de empleo. Según indicó ayer la consejera de Economía, Marta Gastón, estos préstamos blandos permitirían anticipar parte del dinero que se les adeuda para darles algo de oxígeno. "Conforme fueran cobrando las ayudas atrasadas irían amortizando los créditos de Sodiar", dijo Gastón, que reconoció que la medida no deja de ser un mero "parche".

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Fuentes:elperiodicodearagon.com
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