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El Real Decreto 1058/2015 especifica que el encargado de aplicar y corregir las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria será el profesorado funcionario.

 

FSIE ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1058/2015 de 20 de noviembre por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, y en cuyo artículo 7 se especifica que el encargado de aplicar y corregir las pruebas será el profesorado funcionario del sistema educativo español.
FSIE cree que este Real Decreto supone un trato legislativo discriminatorio y además incumple la LOMCE, donde se establece que “las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro”.
En la misma ley se deja claro que el sistema educativo español está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado.
A tenor de lo que se expresa en esta normativa, se podría entender que para el Ministerio de Educación existirían docentes de primera y de segunda, ya que los profesionales que libremente han decidido ejercer como tales en centros concertados o privados, pero que poseen idéntica titulación que sus homólogos de la función pública, parecen estar suficientemente cualificados para educar, evaluar y decidir sobre sus alumnos, pero no para participar en las pruebas de evaluación del sistema educativo español, del que también forman parte.
FSIE defiende que todos los profesionales participen en igualdad de
condiciones en la aplicación y corrección de la prueba de Primaria.

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