El Ministro ha explicado que el Real Decreto Ley pretende introducir mayor flexibilidad interna en las empresas, de forma que cuando sufran cambios o atraviesen dificultades puedan adaptarse a las nuevas condiciones sin tener que despedir a los trabajadores. Este objetivo, ha dicho, tiene que lograrse sin afectar a los principales derechos de los trabajadores, "en especial a la situación que se produce cuando un convenio colectivo deja de tener vigencia".
 
Gómez ha reiterado que la reforma establece que cuando un convenio deja de estar vigente, los trabajadores afectados por él "no verán revisado su salario hasta que no firmen un nuevo convenio, pero no pierden derecho alguno durante el periodo de renegociación". Se concede un plazo máximo de 8 meses para esa revisión cuando se trata de convenios que tienen hasta 2 años de vigencia, y un plazo de 14 meses para los que tienen una duración de más de dos años. El ministro ha apuntado que si no se llega a un acuerdo entre las partes en el plazo máximo establecido, la norma fija un arbitraje obligatorio, y así "los trabajadores no pierden derechos".
 
Valeriano Gómez considera que el principal hito de la reforma es que el convenio de empresa tiene prioridad en su aplicación sobre los convenios colectivos provinciales. La reforma, según el ministro, evita el "excesivo peso de los convenios provinciales", y facilita que ganen peso los convenios de empresa y los convenios sectoriales de carácter estatal o autonómico.
 
Otra novedad es el descuelgue salarial. Cuando una empresa atraviesa dificultades tiene la posibilidad de no aplicar el régimen salarial vigente en cada momento, si hay acuerdo con sus trabajadores. Además, la empresa puede optar por modificar substancialmente las condiciones, la jornada, los turnos, la movilidad funcional dentro de la empresa.
 
En tercer lugar, la empresa tiene la posibilidad de negociar un convenio propio con independencia de cuál sea el convenio provincial con el que con anterioridad se estuviera rigiendo.
 
El ministro estima que es "el principal conjunto de reformas en el ámbito de la negociación colectiva que se ha aplicado en España desde que ésta existe, desde los últimos 30 años".
 
Asimismo, ha indicado que la reforma es "especialmente necesaria en una país como España, que destruye mucho empleo, y supondrá un cambio sustancial en nuestras relaciones laborales".
 
A preguntas de los periodistas, Gómez ha manifestado que hay que desvincular salarios e inflación: "Ningún país libre fija las condiciones salariales de los trabajadores. El Gobierno y la Ley fijan las condiciones salariales sólo de los trabajadores del sector público y no de todos".
 
Sobre cómo afectaría esta reforma a los indicadores del empleo a corto y largo plazo, el ministro ha asegurado que "la idea de la reforma es descargar a la jurisdicción de lo social y dejar en manos del arbitraje estos asuntos".
 
 
CONSULTA el BOE Nº 139 de 11 de junio de 2011

 

 

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