ts01062016

En el año 2013 la Consejería de Educación resolvió retirar al Colegio Salesiano San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) un aula de 3 años a pesar de que el centro había tenido en el proceso de escolarización 51 solicitudes para las dos aulas que ofertaba.

La Consejería basó su arbitraria decisión en el principio de subsidiariedad de la enseñanza concertada respecto de la pública y que, según ella, debe primar en la organización de la escolarización.

Es decir, que se debe cerrar un aula en un centro concertado a pesar de tener suficiente demanda si hay plazas vacantes en los centros de enseñanza pública de la zona.

Admitir este principio de subsidiariedad que varias administraciones defienden, hubiera significado que cualquier aula de un centro concertado que cumpla la ratio oficial puede ser cerrada y trasvasar sus alumnos a las aulas de centros públicos con plazas libres.

Evidentemente se conculca el derecho de elección, se incumple el régimen de conciertos, se incumple la ley orgánica, la Constitución, …. Con esta política educativa que interpreta la normativa de esta singular forma, se deja a los centros concertados a merced de las decisiones políticas y se justifica que se pueda trasvasar alumnos de la concertada a la pública sin ningún límite legal.

Todo un ataque a la línea de flotación de los conciertos que de haber prosperado hubiera abierto una vía de agua que hubiera significado la desaparición progresiva y legal de la enseñanza concertada.

Si bien en primera instancia el TSJ de Andalucía dio la razón a la Consejería y desestimó nuestra demanda, FSIE Andalucía presentó recurso ante el Supremo que ahora nos da la razón y dicta una Sentencia que hemos de tener muy presente.

La Sentencia tiene dos cuestiones principales muy buenas:

a) La Primera obviamente es que, al tener suficiente demanda, el Tribunal rechaza la decisión de la Consejería de reducir el aula del centro San Juan Bosco, se mantiene el puesto de trabajo y el derecho de elección de las familias.
b) La segunda muy importante para el sector, es que el Tribunal deja claro que la enseñanza concertada NO es subsidiaria de la enseñanza pública.

¿Por qué motivos denegó la Consejería la segunda aula de 3 años?

“….la motivación del acto denegatorio respecto de la unidad de Educación Infantil es "por no cumplir con el requisito de satisfacer necesidades de escolarización", por el "descenso demográfico", y así frente a los informes desfavorables de la Consejería existe el informe favorable de la Comisión Provincial de Conciertos, en la que intervienen representantes de la Administración educativa (…).
(…) De la interpretación conjunta de la referida normativa, y de la aplicación del principio de disponibilidad presupuestaria y de racionalidad del gasto público resulta que la reducción no es contraria a derecho, pues no puede desconocerse el descenso de la natalidad en Morón de la Frontera, el descenso en el número de solicitudes para el curso 2013/2014 y el elevado número de vacantes en los centros públicos>>

¿En que basa fundamentalmente FSIE Andalucía el recurso?

Fundamentalmente en si se vulneran los artículos 109 y 116 de la Ley Orgánica de Educación.

“Más concretamente, si puede denegarse una unidad, con motivo de la renovación de un concierto educativo suscrito con anterioridad, porque no cumple el requisito de satisfacer necesidades de escolarización que establece el artículo 116.1 citado, cuando hay vacantes suficientes en los centros públicos, debido al descenso demográfico en la localidad, y según el principio de economía y eficiencia, que expresa la motivación de la orden de renovación del concierto.”

¿Qué dice el Tribunal?

a) Que la decisión de la Administración se basa en la siguiente interpretación de la Ley:

“La interpretación, por tanto, que subyace en la motivación que la Administración esgrime en la orden impugnada en la instancia, sobre el requisito de la satisfacción de necesidades de escolarización, se concreta en que la llamada que hace la Ley Orgánica de Educación a los centros privados concertados, únicamente debe producirse, cuando no hay plazas vacantes para escolarizar en los centros públicos, pues cuando hay vacantes en estos centros han de suprimirse las plazas de los centros privados concertados. Se sigue, por tanto, un principio de subsidiariedad de la enseñanza privada concertada respecto de la enseñanza pública, pues aquella sólo debe intervenir cuando está no alcance la plena y completa escolarización.”

b) Que dicha interpretación no se ajusta a derecho negando de nuevo por ilegal el principio de subsidiariedad que se pretende imponer:

“Pues bien, bastaría para desautorizar dicha interpretación con señalar que esta Sala Tercera ha declarado que no resulta de aplicación el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza privada concertada. Nos referimos a nuestras Sentencias de 6 de noviembre de 2008 (recurso de casación nº 1548/2006) y de 18 de enero de 2010 (recurso de casación nº 163/2007), al concluir la primera de ellas, y reiterar la segunda, que << Esa afirmación no puede compartirse porque es contraria a la letra y al espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación>>. La afirmación a que se refiere es la alusión expresa que hacía la sentencia de instancia, que fue casada, al principio de subsidiariedad.

c) Y el Tribunal abunda en la idea:

“(…) la Ley reguladora del Derecho a la Educación de 1985 y la Ley Orgánica de Educación de 2006 establecen un régimen dual para la prestación del servicio educativo, en lo relativo a la enseñanza obligatoria y gratuita. Es decir, el sistema pivota sobre dos ejes, la enseñanza privada concertada y la enseñanza pública.

La Ley Orgánica de Educación de 2006, de aplicación al caso, mantiene en lo esencial ese sistema dual. Ya anuncia, respecto del segundo ciclo de educación infantil, que “a fin de atender las demandas de las familias, la Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa” (artículo 15).
Acorde con dicha previsión, en el título IV de dicha Ley Orgánica, cuando se regula el género de los centros docentes, se establecen como especies relevantes a los efectos de la “prestación del servicio público de la educación”, que ahora importa, a los centros públicos y los privados concertados (artículo 108.4).

De modo que el legislador ha considerado, a los efectos del artículo 27.4 de la CE, que la “la enseñanza básica obligatoria y gratuita”, a que se refiere dicha norma constitucional, se presta por los centros públicos y los privados concertados. Se dibuja, de este modo, para dicha enseñanza, insistimos, un sistema dual en el que ambos tipos de centros coincide en la relevante prestación del servicio público de la educación.

(…) la solución contraria a la que sostenemos determinaría que la Administración educativa podría ir incrementado plazas en los centros públicos, y correlativamente suprimir unidades en los centros privados concertados (a pesar de que la demanda de los mismos se mantenga o se incremente y se cumpla la ratio profesor/alumnos), haciendo desaparecer esa necesidad de escolarización, y por dicha vía, derogar el sistema de conciertos previsto en la ley. Esta consecuencia distorsiona y vulnera el sistema que traza la Ley Orgánica de Educación, violenta el régimen dual que regula y se apoya en el principio de subsidiariedad que esta Sala Tercera ya ha desautorizado.

No se otorga, en dicha regulación legal, a los centros privados concertados un carácter secundario o accesorio respecto de los centros públicos, para llegar únicamente donde no lleguen estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública, que es lo que se infiere de la motivación, para la supresión de una unidad, en la orden impugnada en la instancia. Recordemos que bastaría, en consecuencia, con la mera existencia de plazas vacantes en los centros públicos.”

El Tribunal Supremo ha dejado muy claras ya las reglas del juego y con ellas vamos a tener que jugar una dura partida:

• Las administraciones no podrán cerrar aulas o denegar conciertos en centros que acrediten tener demanda o escolarización que cumpla con la ratio fijada oficialmente. Esto nos lleva a controlar de forma eficaz cual es la ratio fijada y cómo se aplica en los centros públicos.

• Las administraciones pueden cerrar aulas o denegar conciertos si el número de alumnos es inferior a la ratio fijada oficialmente. Esto nos lleva a pelear con la administración para que fije ratios que permitan mantener las aulas y con ellas los puestos de trabajo

• La enseñanza concertada NO es subsidiaria de la pública. Su razón de ser no es completar lo que no alcance la enseñanza pública.

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